SOBRE ASESINATOS, GENOCIDIOS Y TORTURAS.

Los juzgados practicaron 67.189 desahucios en inmuebles durante 2013: 184 diarios

Europa Press | El Diario | 28/03/2014

Los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios, de los que el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8% de otras causas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La institución recuerda que estos datos sobre lanzamientos se empezaron a recoger en 2013, por lo que no se pueden comparar con los de años anteriores.

 

Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 (los expedientes abiertos durante el año pasado), alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.

La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).

El CGPJ cita entre las posibles causas de este descenso la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.

Por último, en cuanto a los procedimientos monitorios (reclamaciones de deudas que consten por escrito), se presentaron 563.176 en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, un 19,5% menos respecto a 2012. Una posible explicación de este descenso, apunta el CGPJ, sería el proceso de implantación de las tasas judiciales.

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Juzgados-practicaron-desahucios-inmuebles-diarios_0_243575817.html

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GRAN HERMANO EN EL SUPERMERCADO

Asociamos la compra en el supermercado a modernidad, autonomía, libre elección, pero hay pocos lugares en el mundo, que formen parte de nuestra vida cotidiana, tan controlados y monitoreados como dichos establecimientos. Tras nuestra adquisición, aunque no lo parezca, hay mucho en juego. De aquí que en un supermercado nada queda al azar. Todo está pensado para que compremos, y cuanto más mejor.

 

Un laboratorio llamado ‘súper’

Llegamos al ‘súper’ y unos carteles, en general de colores claros, nos dan la bienvenida animándonos a entrar, a menudo acompañados de ofertas reclamo que anuncian precios muy baratos. Cogemos el carrito de la compra, tan grande que mucho hay que llenarlo para que no parezca vacío, y empezamos la búsqueda de lo que necesitamos por innumerables pasillos con estanterías rebosantes de productos. El carro por más que lo lleves recto siempre gira de cara al estante y allí ves, como quien no quiere la cosa, un nuevo artículo que no esperabas y lo sumas al pedido.

Necesitas leche y yogures y toca atravesar todo el centro comercial para conseguirlos. ¿Por qué pondrán siempre lo que más te hace falta al final del establecimiento? De camino, un hilo de música con ritmo suena de fondo, ni lo escuchas pero allí está animándote a comprar. Miras precios y no entiendes porqué nunca los importes son redondos, siempre acaban con decimales, haciendo muy difícil la comparación entre unos y otros. Suerte que te fijas en todos aquellos que acaban en 9, y así ahorras un poco. Aunque, tal vez, tampoco haya tanta diferencia entre pagar un céntimo más o menos. Eso sí, el producto parece más barato.

Toca pararse, dos carritos con gente comprando en medio. Y me pregunto, ¿por qué harán los pasillos tan estrechos? En fin. Aprovecho para mirar a un estante y a otro y allí está esa bolsa de patatas fritas que no me conviene mirándome de frente. Va, no vendrá de aquí… ¡al carro! Avanzo ahora buscando el paquete de arroz que necesito pero ya lo han cambiado otra vez de lugar. No entiendo por qué cada x tiempo mueven los productos de sitio. Cuando ya me sé la ruta de memoria, me toca, de nuevo, dar mil vueltas antes de encontrar lo que necesito. Eso sí, al reaprender el camino descubro nuevos productos con los que antes ni me había fijado.

Sólo me queda coger el detergente. En la droguería y a la altura de los ojos veo esa marca que dicen por la tele deja la ropa tan limpia. Tomo el envase y, por casualidad, miro el precio… ¡qué caro! Devuelvo la unidad. Observo arriba y abajo en la estantería y allí encuentro otra marca menos conocida pero más económica. Me agacho y la agarro. ¿Por qué la pondrán en un lugar más difícil de coger? Llega el momento de pasar por caja. En la cola y aburrida por la espera veo esos chocolates, caramelos, golosinas… y a solo un palmo. Imposible decir “no”. Venga, un día es un día, a la cesta.

Analizando mi “recorrido”, me planteo ¿cuántas cosas he comprado que no necesitaba? ¿He adquirido los productos que me interesaban? Se calcula que entre un 25% y un 55% de nuestra compra es compulsiva, fruto de estímulos externos. Lo metemos en el carro aunque no nos haga falta. Y al pasar ante una estantería, un 20% compramos antes la marca que se encuentra a la altura de los ojos que otra cualquiera, sólo por comodidad, aunque esas otras sean más baratas. Sin ser conscientes, somos conejillos de indias en un gran laboratorio llamado ‘súper’.

Sonríe, te graban

Nuestros movimientos en un supermercado nunca pasan desapercibidos, una cámara u otra, colocada aquí o allá, lo registra. Pero, ¿qué se hace con esas imágenes? ¿Sabemos cuándo nos están grabando? ¿Podemos acceder a esas filmaciones? El profesor Andrew Clement de la Universidad de Toronto y fundador del Instituto de Identidad, Privacidad y Seguridad señala nuestra indefensión ante estas prácticas. Según un estudio llevado a cabo por su equipo en Canadá, ninguna de las cámaras colocadas en los mayores centros comerciales canadienses cumplía los requisitos de señalización a los que obligaba la Ley. Aquí, en Europa, la polémica, también, está servida. No tenemos ni idea de qué ni cómo ni cuándo graban ni qué hacen con las imágenes.

La cadena de supermercados Lidl protagonizó uno de los mayores escándalos cuando, en marzo del 2008, se descubrió que espiaba sistemáticamente a sus trabajadores en varios establecimientos de Alemania mediante mini-cámaras colocadas en lugares estratégicos. Cada lunes, según destapó el semanario alemán Stern, un equipo de detectives instalaba entre cinco y diez cámaras a petición de su dirección con el pretexto de evitar robos. Sin embargo, dichas cámaras servían para controlar a los trabajadores, grabar sus conversaciones y elaborar detallados perfiles personales. No se trata de un caso aislado. Su competidora Aldi fue acusada, en marzo del 2013, de espiar a sus empleados en varios supermercados de Alemania y Suiza mediante cámaras ocultas, según filtró la revista alemana Spiegel.

Aquí, la Agencia Española de Protección de Datos abrió un proceso sancionador a Alcampo por espiar a sus trabajadores. A finales del 2007, Alcampo instaló en secreto en un hipermercado de Ferrol tres cámaras ocultas en espacios reservados al personal. Semanas después, utilizó el contenido de dichas cintas para  despedir a un empleado y sancionar a otros once.

Los consumidores somos, también, objeto de voyeurismo. Lo último, lo estrenó la cadena de supermercados Tesco, a finales del 2013, en Gran Bretaña. La empresa instaló en 450 gasolineras pequeñas cámaras con el objetivo de escanear el rostro de sus clientes en la cola del establecimiento a fin de detectar su edad y sexo y ofrecerles la publicidad más acorde a sus perfiles. La película de ciencia ficción ‘Minority Report’ de Steven Spielberg hecha realidad, aunque los anuncios personalizados a partir de la lectura de la retina, como salía en el film, parece no tendrán que esperar al 2054.

Nuestra vida en una tarjeta

“¿Tiene tarjeta cliente?”, ya es un ritual que nos lo pregunten al pasar por caja. Y si no la tienes, nos ofrecen un mar de ventajas, descuentos y recompensas tras la misma. De este modo, corremos a rellenar el formulario, apuntando todos nuestros datos, sin apenas leer lo que firmamos, para poder acceder cuanto antes a tan fantásticas promociones. Sin embargo, ¿qué sucede con la información que damos? ¿Quién la usa? ¿Para qué fines? Esto es algo que no nos cuentan al registrarnos.

Los supermercados son los reyes de las tarjetas de fidelización. Nos ofrecen regalos, descuentos, puntos… si una vez y otra y otra y otra pasamos por su caja. Más allá de contar con nuestra fidelidad, las empresas de la gran distribución buscan, mediante estas tarjetas cliente, conocerlo todo o casi todo de nuestra vida privada: quiénes somos, qué edad tenemos, estado civil, preferencias, hobbies. Al margen de lo que dice la ficha que rellenamos, las compras periódicas que realizamos quedan, a partir de entonces, registradas para siempre en nuestro archivo: si nos gusta o no el chocolate, si preferimos la carne al pescado, qué café, pastas, bebidas, conservas, verduras… tomamos. Lo saben todo.

Las compañías almacenan estos datos y los utilizan vía marketing para mejorar sus ventas. Así, conocen quién consume qué y cuándo, pudiendo realizar exhaustivos perfiles de sus compradores. A partir de ese momento, nos ofrecen todo aquello que “necesitamos” y lo compramos encantados. Nuestra vida privada en manos de las empresas se convierte en una nueva fuente de negocio. Nosotros, ni nos enteramos.

El rastro de lo que compramos

Dicen que comprar en el supermercado del futuro será más práctico, cómodo, ágil, rápido y no tendremos que hacer colas ni pasar por caja. Todo, gracias, entre otros, a la tecnología de identificación por radiofrecuencia o etiquetas RFID. Unas etiquetas que contienen un microchip y que registran información detallada sobre la “vida” del producto en el que se encuentran. Son como un número de serie único que almacena y emite, a través de una antena, datos específicos sobre ese artículo.

Así, en un futuro no tan lejano, parece, podremos entrar en un supermercado, coger un carrito de la compra “inteligente”, cargarle en su base de datos la lista de la compra, dejar que nos guie al encuentro de dichos productos, darnos información sobre los mismos e ir calculando el total que llevamos gastado. Y al salir, no será necesario pasar por caja, al llevar cada producto una de estas etiquetas incorporadas, una antena receptora los identificará y el total nos será cargado directamente en nuestra cuenta… y sin hacer colas. ¿Qué más podemos pedir?

El problema reside, como han señalado grupos de consumidores en Estados Unidos, como CASPIAN (Consumidores contra la Invasión de la Privacidad de los Supermercados) y EPIC (Centro de Información sobre Privacidad Electrónica), en el control que estos sistemas ejercen sobre las personas. Nadie evita, por ejemplo, que dichas etiquetas puedan continuar acumulando información una vez fuera del supermercado, siguiendo cada uno de los pasos de los productos y de nosotros como consumidores.

Hoy, encontramos estas etiquetas RFID en algunos productos de los supermercados, las cuales conviven con los tradicionales códigos de barras. Su coste, sin embargo, limita de momento y en parte una mayor generalización. Aunque, según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y la Agencia Española de Protección de Datos cada vez es más frecuente encontrarlas en el etiquetado de prendas de ropa y calzado así como en sistemas para la identificación de mascotas, tarjetas de transporte, pago automático en peajes, pasaportes, entre otros, poniendo en riesgo nuestra privacidad.

Nos quieren hacer creer que los centros comerciales son sinónimo de libertad. Ahora, Caprabo apela, en su publicidad, al “librecomprador” que llevamos dentro. “Te lo damos todo para que seas libre de escoger lo que más te gusta”, dice. Sin embargo, la libertad de escoger no está en el supermercado sino fuera de él.

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ADOLFO SUÁREZ Y LA SOMBRA ALARGADA DEL FRANQUISMO

     

  

La muerte de Adolfo Suárez ha desatado una avalancha de artículos que elogian su legado político. Se destacan su espíritu dialogante, su voluntad de reconciliación, su astucia y su valentía. Entre sus logros, se citan la legalización del PCE, los Pactos de la Moncloa y su dignidad durante el 23-F. No está de más recordar que Suárez hizo una próspera carrera en el seno de dictadura franquista. Protegido por Fernando Herrero Tejedor, ocupó sucesivamente los cargos de Jefe del Gabinete Técnico del Vicesecretario General, procurador en Cortes por Ávila, Gobernador Civil de Segovia, Director General de RTVE y Vicesecretario General del Movimiento. Después de la muerte de Franco, Torcuato Fernández Miranda convenció a Arias Navarro para que le nombrara Ministro Secretario General del Movimiento. Una carrera fulgurante que abarca el período comprendido entre 1958 y 1975. En esos diecisiete años, se ejecutaron al comunista Julián Grimau (20 de abril de 1963), los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado (13 de agosto de 1963), el joven anarquista catalán Salvador Puig Antich (2 de marzo de 1974) y tres militantes del FRAP y dos de ETA (27 de septiembre de 1975). En el caso Granados, Delgado y Puig Antich, se utilizó el garrote vil. Algunos dirán que Suárez no ordenó esos crímenes, pero ese argumento no vale como excusa. No puedes pertenecer al gobierno de una dictadura que ha cometido un genocidio y ha institucionalizado la tortura, sin adquirir una vergonzosa complicidad con sus crímenes.

Casi nadie recuerda el nombre de las víctimas de la época en que Suárez era un exitoso político del régimen franquista, pero yo sí quisiera evocar dos casos particularmente trágicos. El 18 de diciembre de 1974 Mikel Salegi circulaba con otros estudiantes por el barrio donostiarra de Errekalde, cuando la Guardia Civil ametralló su vehículo. Salegi recibió 17 impactos de bala. Sus acompañantes intentaron trasladarlo a un hospital, pero la Guardia Civil se lo impidió y murió desangrado. Durante el funeral, la Policía Armada irrumpió en la iglesia, apaleando a los asistentes y detuvo a la madre de Salegi. El 20 de enero de 1975, Víctor Manuel Pérez Elexpe repartía octavillas en Portugalete (Bizkaia), reclamando solidaridad con la huelga de los mineros encerrados en el Pozo de Esparza (Nafarroa), cuando un policía de paisano le pegó cinco disparos a quemarropa, causándole la muerte. La Ley de Amnistía aprobada por el gobierno de Suárez en 1977, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, garantizó la impunidad de los responsables de estos crímenes. El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente al Estado español que derogara la Ley de Amnistía de 1977, alegando que incumplía las normas internacionales sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. El gobierno de Mariano Rajoy, que hoy elogia a Adolfo Suárez con palabras altisonantes, ignoró la petición.

La policía y la Guardia Civil siguieron disparando y torturando durante los años de gobierno de Adolfo Suárez. El 3 de junio de 1979 el guardia civil José Martínez Salas mató de un disparo en la cabeza a Gladys del Estal en Tudela. Gladys, de 23 años, participaba en una manifestación antinuclear y antimilitarista. El gobierno afirmó que había sido un accidente y los tribunales condenaron a 18 meses de prisión a Martínez Salas, estimando que se había tratado de una imprudencia temeraria. El agente no ingresó en prisión. De hecho, volvió al servicio y años más tarde fue condecorado. Algo parecido sucedió con los agentes que el 13 de diciembre de 1979 ametrallaron a los estudiantes José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez, mientras protestaban contra la Ley de Autonomía Universitaria. Las generaciones más jóvenes tal vez piensan que la “guerra sucia” contra ETA empezó con los GAL, pero ya existía en la época de Suárez, que se limitó a proseguir la línea trazada por el franquismo. El 21 de diciembre de 1978 una bomba acabó en Angelu con la vida de José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”. Reivindicó el atentado el Batallón Vasco Español, compuesto por militares españoles vinculados al SECED. La credibilidad de un Suárez de profundas convicciones democráticas se tambalea cuando reparamos en el historial de dos de sus más estrechos colaboradores: el general Gutiérrez Mellado, capitán del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) durante los años más duros de la posguerra, y Rodolfo Martín Villa, investigado actualmente por la justicia argentina por su responsabilidad en la masacre de Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Gutiérrez Mellado desempeñó un papel esencial en la represión de las células comunistas, socialistas y anarquistas que intentaban organizarse en la clandestinidad después de la victoria de Franco. Los éxitos del SIPM incluyen el fusilamiento de las 13 Rosas. La hoja de servicios de Martín Villa no es menos siniestra. En colaboración con el supercomisario Roberto Conesa, organizó el intento de asesinato del líder independentista Antonio Cubillo, y el atentado contra la sala Scala de Barcelona, que le costó la vida a tres trabajadores. Los archivos de la Brigada Política-Social, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia siguen cerrados a cal y canto y nada insinúa una posible desclasificación. La impunidad es la seña de identidad de la Transición y no su carácter pacífico y modélico.

Suárez nunca pidió perdón por su implicación en la dictadura franquista, pues su famosa Reforma consistió en actualizar el régimen para homologarlo con las democracias europeas. En el Estado español, no hubo juicios por los delitos de lesa humanidad ni una triste Comisión de la Verdad que clarificara el pasado y honrara a las víctimas. En cambio, se redactó una Constitución que consolidaba la Monarquía como forma del Estado e investía a la figura del Rey de una antidemocrática inviolabilidad. Se estableció un sistema electoral que favorecía el bipartidismo y se marginó (o desactivó) a la izquierda revolucionaria. Los Pactos de la Moncloa liquidaron el poder sindical, reemplazando las asambleas por comités de empresa elegidos cada cuatro años, cuya misión se limita a negociar acuerdos sectoriales. Suárez sufrió una severa campaña de desprestigio que forzó su dimisión. Juan Carlos I, su gran amigo y cómplice, se deshizo de él cuando la situación se volvió incontrolable  por culpa de la crisis económica, la “Guerra del Norte” (nunca reconocida como tal) y el malestar de las Fuerzas Armadas. De momento, es imposible formular hipótesis verificables sobre el 23-F, pero todo indica que se trató de una maniobra parecida a la del 25 de noviembre en Portugal, cuando un golpe de estado dirigido por el general Ramalho Eanes puso fin a la “Comuna de Lisboa”, el proceso revolucionario encabezado por el teniente coronel Otelo Saraiva de Carvalho. En el caso español, no había un proceso revolucionario, pero sí un cuadro de insurgencia en Euskal Herria y unos niveles de desempleo que amenazaban la paz social. Al igual que en Portugal, se creó entonces una sólida alianza entre la socialdemocracia y las Fuerzas Armadas, pero con la peculiaridad de que en nuestro país el binomio se sometió a la tutela del Rey, cuyo papel como Jefe del Estado se reforzó al convertirse en el imaginario salvador de la democracia. El 23 de marzo –es decir, un mes después del “tejerazo”- se envió a siete buques de la Armada a patrullar el Golfo de Bizkaia, con el apoyo del destructor Marqués de la Ensenada. El Ejército de Tierra se desplegó en la frontera de Nafarroa, ocupando los pasos fronterizos. La “cloaca de Madrid”, por utilizar la expresión de Suárez, se preparaba para un nuevo capítulo de la “guerra sucia” (GAL, Plan ZEN) y para lanzar una ofensiva contra la clase trabajadora, precarizando el empleo y destruyendo el tejido industrial. Suárez se retiró con el título de Duque y Grande de España. Sus intentos de regresar a la política fracasaron, pero el desprestigio se transformó poco a poco en mitificación. Se le convirtió en el buque insignia de la Transición, sacrificando cualquier pretensión de objetividad.

Mi padre era escritor y periodista. Conocía personalmente a Suárez. Coincidíamos en los veranos, pues el por entonces presidente de RTVE tenía un apartamento en la Dehesa de Campoamor (Alicante), donde nosotros pasábamos los meses de julio y agosto. Nuestras familias se reunieron en una ocasión en la cafetería Montepiedra. Creo que era el año 68. Uno de sus hijos y yo hicimos un castillo de naipes, mientras nuestros padres hablaban en otra mesa. Pienso que ese castillo de naipes es una buena metáfora del legado de Suárez. Algo aparatoso y hueco. El “régimen de libertades” garantizado por la Constitución de 1978 permitió que las actrices enseñaran el culo y Almodóvar hilara delirantes argumentos cinematográficos sobre la homosexualidad (Laberinto de pasiones), la pedofilia (¿Qué he hecho yo para merecerme esto?) y la violencia de género (¡Átame!). No sé si Almodóvar pretendía ser una especie de Pasolini con toques de Woody Allen, pero el director manchego solo añadió una pincelada de modernidad al landismo, ese subgénero del cine español que nos retrata como un país de paletos, aficionados al chismorreo y al chiste verde. La Movida surgió en las postrimerías del gobierno de Suárez. Tal vez esa apoteosis de frivolidad y cinismo constituya la mejor expresión del cambio experimentado por España. Los nuevos tiempos permitieron que los quioscos de prensa se llenaran de revistas eróticas y la heroína fluyera libremente por las calles, pero –como señaló Vicenç Navarro hace mucho tiempo- la banca y la patronal conservaron e incrementaron sus privilegios, mientras se contenían los salarios, el gasto social y se aplicaban reformas fiscales favorables a las rentas más altas. No es una casualidad que sólo Letonia nos aventaje en desigualdad en la UE. Se han decretado tres días de luto nacional para honrar la memoria de Suárez. Yo reservaría esa manifestación de duelo para las incontables víctimas del franquismo, que aún siguen en barrancos y cunetas, esperando una justicia cada vez más improbable.

RAFAEL NARBONA 
http://rafaelnarbona.es/

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA: EL FIN DE UN MITO

• Los que murieron asesinados por la ultraderecha o las Fuerzas de Seguridad del Estado, son los verdaderos protagonistas de un cambio político boicoteado por las instituciones heredadas del franquismo.   

Durante décadas, se ha mantenido el mito de la transición española como un proceso ejemplar, que permitió avanzar sin traumas desde la dictadura hasta una sociedad democrática, abierta y plural, pero cada vez se escuchan más voces discrepantes que exigen un nuevo relato. La corrupción de la clase política y su connivencia con las oligarquías financieras, el fraude fiscal, la burbuja inmobiliaria, la explotación laboral, las intolerables desigualdades sociales, la pervivencia de una monarquía cada vez más cuestionada o el mantenimiento de una legislación antiterrorista que viola todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, no han brotado por casualidad. Muchos opinamos que son la herencia de un proceso orquestado por políticos franquistas, sin otra preocupación que garantizar su impunidad y preservar sus privilegios.

LA ECONOMÍA

La transición española apenas afectó a la redistribución de la riqueza. Las élites económicas conservaron el patrimonio adquirido durante la dictadura y continúan tutelando al poder político, que siempre se ha mostrado benevolente con sus intereses. Las grandes familias empresariales (los March, Fenosa, Koplowitz o Meliá) descubrieron en seguida que la democracia parlamentaria no representaba un peligro. Su percepción fue confirmada por tres décadas, donde los trabajadores soportaron ajustes, reconversiones e imposiciones por decreto, pese a huelgas generales como la del 14-D de 1988, cuyo éxito no logró que los jóvenes, los desempleados y los asalariados con retribuciones más exiguas mejoraran sus expectativas y su precaria calidad de vida. No es fruto del azar que el salario mínimo interprofesional de nuestro país (641,40 euros) se halle entre los más bajos de la Unión Europea, aventajando tan sólo a los de Portugal y Polonia. Las diferencias sociales se han consolidado bajo los diferentes gobiernos de la democracia. Un salario mínimo raquítico, que se utiliza para contener las demandas de los sindicatos en la negociación de los convenios, no ha impedido que nuestros directivos sean los mejor pagados de Europa.

Los consejeros delegados y los altos ejecutivos de las empresas IBEX a veces ganan cantidades que representan 360 veces el salario mínimo. Hace unos días, el Banco de España obligó los directivos de las cajas con ayudas públicas a publicar sus sueldos, creando un enorme malestar entre los afectados. Las cifras son indignantes en un país con una tasa de pobreza del 25% (ingresos anuales inferiores a 16.680 euros en una familia compuesta por dos adultos y dos niños) y con unas perspectivas sombrías, que incluyen a corto plazo una recesión con destrucción masiva de empleo. El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, percibió 2’34 millones de euros en el 2011. Adolf Todó, presidente de CatalunyaCaixa, intervenida por el Estado después de inyectarle 2.968 millones, cobra 1’55 millones. Mientras tanto, 700.000 personas sobreviven con menos de 3.000 euros anuales. Los altos salarios de los ejecutivos y los beneficios empresariales sortean con facilidad el control de la Hacienda Pública. El 82% de las empresas del IBEX 35 aseguran el capital acumulado con paraísos fiscales. El billete de 500 euros (el 65% del dinero que circula por el territorio nacional) es la herramienta perfecta para el fraude fiscal. El 25% de estos billetes están en nuestro país. Gracias a ellos, se defraudan 16.000 millones de euros anuales y la economía sumergida, con casi cuatro millones de puestos de trabajo, comete un desfalco de 32.000 millones más. En Alemania, la economía sumergida representa el 6% del PIB. En España, el 25%. Se estima que el 86% de las fortunas con más de diez millones de euros eluden sus obligaciones fiscales. Las mayores bolsas de evasión fiscal están en capital mobiliario e inmuebles. Se podrían recaudar 21.000 millones de euros anuales, si los inspectores del Ministerio de Hacienda se ocuparan de controlar y supervisar las declaraciones de la renta de las grandes fortunas. El gobierno de Mariano Rajoy tendrá que recortar precisamente 21.000 millones más a lo largo del 2012 para cumplir con los objetivos del déficit impuesto por la Unión Europea. Evidentemente, la mayoría saldrá de las rentas del trabajo y de nuevos recortes en educación, sanidad, investigación, cultura, salarios y pensiones. El incremento del IVA se ha aplazado para no penalizar aún más el consumo, agravando la contracción de la economía, pero ha prevalecido un ajuste regresivo maquillado por una ligera subida fiscal de las rentas más altas.

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La transición no sólo mantuvo intactas las estructuras económicas, con su cortejo de fraude y corrupción. Los militares y policías implicados en torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales se beneficiaron de una amnistía sin fundamento jurídico, pues los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad nunca prescriben y no se puede invocar la soberanía de un país para exonerar a los responsables. Nadie ha respondido por las muertes de Julián Grimau o Enrique Ruano, dos repulsivos crímenes de Estado que Manuel Fraga Iribarne, justificó y encubrió desde su cargo de Ministro del Información y Turismo. Nadie ha sido juzgado por las más de 300.000 víctimas de la represión franquista durante la postguerra. Ni siquiera se han exhumado las fosas clandestinas donde aún esperan justicia 130.000 víctimas del terrorismo de Estado.

La independencia del poder judicial es dudosa. La Audiencia Nacional se parece de forma inquietante al nefando Tribunal de Orden Público, al que al menos formalmente reemplazó, y no merece una consideración diferente el Tribunal Supremo, que acaba de absolver a los guardias civiles condenados por la Audiencia de Gipuzkoa por presuntas torturas contra los integrantes del comando de ETA que colocó la bomba en la T4 de Barajas. El diario El País ironizó sobre la sentencia en un valiente artículo de José Yoldi titulado: “Aquellas costillas que se lanzaban contra las porras” (22-11-2011). El texto no tiene desperdicio y refleja la situación de los derechos humanos en España: “La versión del Supremo de que las lesiones fueron causadas cuando los etarras pretendían escapar es similar a aquellas de la Transición cuando las costillas se lanzaban contra las porras. Un delirio. Cuando uno o dos agentes se lanzan encima de alguien le pueden causar una, dos, o media docena de lesiones y suelen ser en el mismo lado. ¿Ha leído el Supremo los dos interminables folios de hematomas, equimomas, eritemas, erosiones, escoriaciones e incluso fracturas de los partes médicos? Sarasola presentaba 18 lesiones distintas, varias de ocho por siete centímetros, en ojo, tórax, abdomen y brazos, y Portu, aparte de una docena de hematomas y erosiones, tenía varias fracturas costales con colapso pulmonar y derrame pleural, además de otras lesiones en un ojo, abdomen y piernas. ¿Semejante cantidad de lesiones al reducir a un fugitivo? (…) Decía Chesterton: “Puedo creer lo imposible, pero no lo improbable”. Pero usted, como el Supremo, puede creer lo que quiera”.

La transición no fue pacífica. El 3 de marzo de 1976 la policía española disparó contra los obreros en huelga que se habían refugiado en una iglesia de Vitoria-Gasteiz. No era una protesta política, sino laboral. Murieron seis trabajadores, uno de ellos con 17 años (Francisco Aznar Clemente) y otro con 19 (Romualdo Barroso Chaparro). Nunca se juzgó a los autores materiales ni a los que ordenaron disparar (Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y el general Campano, comandante general de la Guardia Civil) y el 6 de junio de 2011 el PP, el PSOE y UPyD impidieron con sus votos en el Parlamento vasco que se reconociera a los trabajadores asesinados como “víctimas del terrorismo”. Lluis Llach compuso una hermosa canción, “Campanades a mort”, que rendía un homenaje a los caídos, recordándonos una vez más que la poesía es la invención más digna del ser humano, pues su esencia no es ahondar en el yo, sino abrirse a los otros. Si buscamos el yo, debemos perdernos en el otro, pues la existencia humana siempre es una existencia en comunidad. Desgraciadamente, los crímenes de la policía prosiguieron, con la misma impunidad en años posteriores. El 8 de julio de 1978 los antidisturbios dispararon contra el estudiante Germán Rodríguez en Pamplona, causándole la muerte. El disparo le perforó la frente y se hizo a bocajarro. Por supuesto, no se juzgó a los responsables.

Podría pensarse que han cambiado las cosas, pero los hechos no corroboran esa impresión. El 6 de febrero de 2004, Theo van Boven, catedrático de Derecho constitucional y relator de Naciones Unidas del Comité contra la Tortura, afirmó que en España no habían desparecido la tortura ni los tratos inhumanos y degradantes. Amnistía Internacional y  Human Rigths Watch han denunciado en sus informes anuales de 2010 que nuestro país incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entre 2001 y 2008, sólo en Euskal Herria 5.686 personas denunciaron haber sido torturadas mientras se encontraban bajo tutela policial o penitenciaria. Algunos casos han obtenido cierta resonancia mediática. Martxelo Otamendi, director de Egunkaria, fue detenido con otras diez personas en 2003, acusados de colaboración con ETA. En esas fechas, Egunkaria era el único periódico que se editaba íntegramente en euskera. Su intención era rescatar la iniciativa de Eguna, el periódico editado por el Gobierno Vasco entre enero y julio de 1937. Otamendi y sus compañeros fueron brutalmente torturados por la Guardia Civil: privación de sueño, golpes, amenazas, simulacros de ejecución, humillaciones sexuales y la famosa bolsa, un plástico que se adhiere a la cara, provocando inmediatamente sensaciones de asfixia. Absueltos en 2010 por la Audiencia Nacional, los directivos de Egunkaria no han recibido ninguna clase de reparación.

No quiero dejar de mencionar el caso Almería. El 10 de mayo de 1981 aparecieron los cuerpos calcinados de tres jóvenes en un barranco de la carretera de Gérgal. La Guardia Civil aseguró en un primer momento que se trataba de tres activistas de ETA, pero en realidad eran tres trabajadores (Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier) que habían sido confundidos con los miembros de un comando. El teniente coronel Carlos Castillo Quero ordena el traslado de los detenidos a un cuartel abandonado en Casafuerte (Almería), donde once agentes participan en una sesión de torturas que finalizará trágicamente. Los tres jóvenes mueren. Después de descubrir el error, se intentan borrar las pruebas tiroteando y quemando los cuerpos. Los cadáveres son descuartizados para introducirlos en el Ford Fiesta, que será despeñado. Pese a la versión oficial de Juan José Rosón, Ministro del Interior, según el cual el coche se había precipitado al vacío durante un intento de fuga, sale a la luz toda la verdad, pero sólo se procesa y condena a tres agentes, incluido el teniente coronel Quero, que en 1987 ya disfruta del tercer grado y en 1992 queda en libertad condicional. La familia de Juan Mañas ha solicitado inútilmente a diferentes organismos que los tres jóvenes torturados y asesinados por la Guardia Civil sean reconocidos como víctimas del terrorismo.

LA MEMORIA HISTÓRICA

España no ha liquidado las cuentas con su pasado. Aún hay calles, avenidas, plazas y estatuas dedicadas a Franco y sus generales, pero más de cien mil víctimas de la represión aún siguen enterradas en carreteras, cunetas o barrancos. Los restos de García Lorca aún siguen en paradero desconocido. Ni siquiera se ha creado una Comisión de la Verdad para hacer un relato objetivo de los hechos. Ningún país europeo consentiría que se mantuviera en pie un mausoleo dedicado a un criminal de guerra, pero en España sigue en pie el horripilante Valle de los Caídos. Soportamos una monarquía que actuó de forma incomprensible el 23-F. Estamos muy lejos de conocer lo que sucedió realmente y cuál fue el papel desempeñado por Juan Carlos I, que ha acumulado una notable fortuna personal desde su subida al trono, a veces realizando negocios con figuras tan execrables como Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel de Prado o José María Ruiz Mateos, todos ellos procesados y condenados por diferentes delitos financieros. La revista Forbes atribuye a la Corona una fortuna de 1.790 millones de euros.

El supuesto consenso entre las fuerzas políticas implicadas en la transición se produjo en un clima de coacción, donde el margen de maniobra casi era inexistente. El hecho de que Manuel Fraga fuera uno de los siete padres de la Constitución sólo pone de manifiesto la concurrencia de notables irregularidades. La presencia de la izquierda (Gregorio Peces-Barba, Jordi Sole Tura) fue minoritaria y, en algunos aspectos, simbólica. No se consultó a ningún partido vasco y, por supuesto, ni siquiera se planteó su intervención en la elaboración del texto constitucional. El PCE sólo logró su legalización, acatando la monarquía y renunciando a cualquier planteamiento revolucionario. No creo que se pueda hablar de traición, pero sí de claudicación. La Constitución se aprobó en un clima de miedo. Se planteó el “no” como un gesto de irresponsabilidad que podría desembocar en una guerra civil. Treinta años después es imposible afirmar que España ha transitado hacia una democracia real, efectiva. La división de poderes nunca llegó a materializarse, pues en nuestro país hay un régimen parlamentario y no presidencialista (como el de Francia o México), donde se mezclan el poder legislativo y ejecutivo hasta confundirse y desaparecer cualquier diferencia. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional están sujetos a decisiones políticas que comprometen gravemente su presunta independencia. Esta anomalía sólo es un reflejo más de una transición deficitaria. El balance no es menos desolador en otros ámbitos. El régimen de las autonomías no ha resuelto el problema de España como nación histórica. Ni siquiera se planteó la posibilidad de reconocer el derecho de autodeterminación y se crearon graves desequilibrios territoriales. Los partidos políticos no reflejan la voluntad real de los ciudadanos, con su modelo de listas cerradas y verticales. El sistema D’Hont propicia el bipartidismo y contiene el avance de la izquierda real. Se fomenta el personalismo al permitir la reelección indefinida de los cargos públicos y se malogra de raíz el pluralismo político. Se afirma que la Constitución permite tanto una economía de mercado como una economía planificada, pero en las condiciones sociales e históricas en que se gestó la apuesta por un capitalismo liberal era inequívoca. La concentración de la información en unos pocos núcleos empresariales ha contribuido a frustrar la aparición de medios de comunicación verdaderamente independientes. La aparición de la red ha posibilitado la circulación de medios alternativos, pero la vigilancia de la policía y de un poder judicial concertado con el poder político ejerce una coacción silenciosa sobre los periodistas digitales. Siempre se puede cerrar un blog, una página web o un perfil de Facebook con argumentos difusos o acusar de terrorismo con cualquier pretexto. La doctrina impulsada en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón, según la cual “todo es ETA”, ha convertido en terrorismo a cualquier iniciativa a favor del socialismo o la autodeterminación en Euskal Herria.

EL PUEBLO, VIENTO DE LIBERTAD

A estas alturas, es ridículo sostener que la democracia llegó a España gracias a la corona y los políticos reformistas (Suárez, Areilza, Fraga). Los cambios se produjeron gracias a las movilizaciones populares. Todos los que vivimos los años de plomo de la transición, con manifestaciones multitudinarias donde la policía y la ultraderecha colaboraban estrechamente para reprimir las ansias de libertad, nunca olvidaremos a las víctimas, algunas abatidas por pistoleros de Fuerza Nueva o los Guerrilleros de Cristo Rey; otras, por la policía, como María Luz Nájera, de 21 años, que perdió la vida cuando un agente le disparó a bocajarro un bote de humo, apuntando a su cabeza. Se recuerda a los abogados de Atocha, asesinados el 24 de enero de 1977, pero han caído en el olvido los nombres de Carlos González Martínez, Arturo Ruiz, Yolanda González o Arturo Pajuelo. Arturo Ruiz era un estudiante de 19 años que murió cuando un ultraderechista argentino, que militaba en la Triple A, le pegó un tiro en un callejón de la Gran Vía. En esa época, los grupos de extrema derecha se movían por España a sus anchas, confraternizando con las Fuerzas de Seguridad del Estado. El 13 de diciembre de 1979, la policía asesina en una manifestación a los estudiantes José Luis Montañes Gil y Emilio Martínez Menéndez. Podría citar los nombres de otras víctimas de la transición, pero creo que la tragedia de Yolanda González simboliza el sufrimiento de toda una generación de jóvenes que lucharon por la libertad y el fin de la dictadura.

Yolanda González nació en Bilbao el 18 de enero de 1961. Hija de una familia obrera, militó brevemente en la Liga Comunista Revolucionaria. En octubre de 1979 participó en la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores. Se trasladó a Madrid, buscando un porvenir. Se matriculó en el Centro Profesional de Vallecas y consiguió trabajo como empleada de hogar. Delegada de la Coordinadora Estudiantil de Madrid, adquirió en seguida el reconocimiento de sus compañeros de lucha política, que apreciaron su capacidad de liderazgo. Secuestrada por Emilio Hellín e Ignacio Abad, aparece con tres disparos en la cabeza en una cuneta cerca de San Martín de Valdeiglesias. Los asesinos pertenecen a Fuerza Nueva. Ambos son detenidos quince días más tarde. Hellín declara que la orden ha partido de Martínez Lorca, ex guardia civil, jefe de seguridad de Fuerza Nueva y estrecho colaborador de Blas Piñar. El atentado es reivindicado por el “Grupo 41″ del Batallón Vasco Español, una de las hidras del terrorismo de Estado. Algo más tarde, se descubre la implicación de Juan José Hellín, hermano de Emilio y miembro de la Guardia Civil, y del policía nacional Juan Rodas Crespo. Emilio Hellín relata que antes de matar a Yolanda, le dijo al oído: “Aquí se acabó el paseo, roja de mierda”, no sin haberla torturado previamente por el camino. Después de golpearla salvajemente, la obligó a bajar del coche y le disparó dos tiros en la cabeza. Ignacio Abad le propinó un tercer tiro de gracia. Yolanda acababa de cumplir 19 años. El entonces diputado Juan Barranco declaró: “Este asunto se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado”. Siempre se sospechó que detrás del crimen se encontraba la Brigada Especial Operativa, dirigida por el comisario Manuel Ballesteros, un brutal torturador de la dictadura franquista rescatado por el ministro socialista del Interior, José Barrionuevo, para colaborar en la guerra sucia contra los independentistas vascos.

Franco murió en la cama, pero España no era un país resignado a la dictadura, sino una de las naciones de Europa con más agitación social y con unos movimientos obreros y estudiantiles más reivindicativos. Conviene recordar que en 1976 hubo 1.438 días de huelga por cada 1.000 trabajadores, cuando la media en la Comunidad Europea era de 390 días. En los sectores industriales, la cifra se disparó hasta los 2.085 días. Estos números se repitieron en 1977. El economista y ensayista Vincenç Navarro apunta que las protestas de los trabajadores se habían agudizado a partir de 1973 y alcanzaron su punto más alto en 1976, cuando el ministro de Gobernación, consciente de que se habían perdido 150 millones de horas de trabajo a consecuencia de 17.731 huelgas, advirtió del “gran peligro que representaba tal movilización para la continuación del orden constitucional”. En ese momento, el orden constitucional estaba representado por la monarquía. Los documentos del Ministerio de la Gobernación manifiestan claramente la profunda inquietud desatada por las movilizaciones obreras. Juan Carlos I decidió despedir a Carlos Arias Navarro y reemplazarlo por Suárez para garantizar su propia continuidad al frente del Estado español. Carlos Arias Navarro había presidido uno de los gobiernos más represivos de la dictadura, generalizando la tortura y el asesinato extrajudicial. En ese período, muchas huelgas y manifestaciones se resolvieron con disparos de la policía, que mató a varios obreros con una mezcla de crueldad e impunidad, capaz de justificar el rechazo que aún despiertan en amplios sectores de la sociedad unos cuerpos comprometidos durante décadas con la represión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La brutalidad empleada con los indignados de Barcelona y Madrid en las concentraciones del 15-M pone de relieve que ha cambiado el color del uniforme de los antidisturbios, pero no su espíritu. El Tribunal de Orden Público trabajó sin descanso entre 1970 y 1975, abriendo 12.000 procesos. Esa tendencia represiva aún está presente en el primer gobierno de la Monarquía, cuando el Consejo de Ministros aprueba la militarización de todos los empleados de Correos, Telégrafos, Telefónica, Ferrocarriles, agua, gas y electricidad. A pesar de la medida, prosiguen las movilizaciones y el rey comprende la necesidad de un cambio para no repetir el destino de Alfonso XIII. El aperturismo de Suárez hizo todo lo posible para marginar a las fuerzas más reivindicativas de la izquierda y establecer una democracia limitada, según ha reconocido Miguel Herrero de Miñón, uno de los colaboradores más cercanos del nuevo presidente. El PCE aceptó pasar a segundo término y el PSOE, con un papel irrelevante en la lucha clandestina contra la dictadura, se comprometió a desviarse del marxismo para no crear problemas. El gobierno de Felipe González continuó con la tradición de la guerra sucia, creando los GAL y recurriendo a militares de la dictadura, como el general José Antonio Sáenz de Santamaría. Falangista de primera hora, Saénz de Santamaría se ocupó de exterminar al maquis durante la postguerra, empleando sistemáticamente la tortura y las ejecuciones clandestinas. Fue el responsable de organizar los últimos fusilamientos de la dictadura el 27 de septiembre de 1975, desafiando a la opinión pública internacional, que protestó contra un nuevo crimen de Estado. Director general de la Guardia Civil y de la Policía durante el gobierno socialista, no reconocería hasta 1995 la implicación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la creación de los GAL y en sus últimos años ironizó sobre la campaña contra Felipe González, señalando que el presidente socialista se limitó a imitar a sus antecesores. La reaparición o permanencia de ciertos nombres asociados a la dictadura y la represión cuestiona el espejismo de un país democrático, sin violaciones de los derechos humanos y una libertad sin coacciones ilegítimas. España necesita una segunda transición o, mejor dicho, un cambio que nos aleje definitivamente  del franquismo, pero nada indica que se esté gestando nada semejante. En 1975, el pueblo español luchaba en las calles por la democracia, mientras los políticos reformistas y la casa real realizaban ingeniería institucional para asegurar sus prebendas.

El 15-M representó la primera movilización popular de un nuevo período, donde los perdedores de la crisis económica exigen el fin de los abusos y las desigualdades. No se ha conseguido nada, pues no existía una conciencia política con unos objetivos claros y se agitó la bandera del apartidismo, sin advertir que las banderas son necesarias para asaltar los cielos. El 15-M detuvo los desahucios, pero de inmediato el poder judicial envió a los antidisturbios para garantizar que las familias sin recursos acabaran en la calle y se restableciera el orden público. No pierdo la esperanza de que las protestas renazcan, con otro signo, rescatando el espíritu de los que se manifestaron en los años de plomo de la transición. Ellos y ellas, especialmente los que murieron asesinados por la ultraderecha o las Fuerzas de Seguridad del Estado, son los verdaderos protagonistas de un cambio político boicoteado por las instituciones heredadas del franquismo. Su espíritu aún circula por las calles y las plazas, recordándonos que los pueblos a veces se adormecen, pero nunca renuncian a la libertad y la dignidad.

RAFAEL NARBONA
http://rafaelnarbona.es/?p=196

CAÑAMERO 22M: LA LUCHA POR LA DIGNIDAD.

"Vamos a por ellos, coño", gritó un mando a los antidisturbios

• Lo que pasó el sábado en Madrid es un gravísimo punto de inflexión en la ya intolerable represión del derecho a la protesta y a la manifestación. Disparar pelotas de goma en una plaza con miles de personas, muchas de las cuales son ancianos y niños, se parece demasiado a una declaración de guerra.

      

Ruth Toledano Follow @ruthtoledano

( http://www.eldiario.es/zonacritica/Vamos-cono-grito-mando-antidisturbios_6_241885818.html)

23/03/2014 - 20:59h

     

Los antidisturbios cargaron violentamente el sábado contra la Marcha por la Dignidad cuando aún no eran las 9 de la noche (hora hasta la que estaba autorizada la manifestación), el coro de la Solfónica cantaba en un escenario abarrotado y la plaza de Colón, el paseo de Recoletos y las calles aledañas estaban llenas de miles de personas, entre ellas numerosos niños y personas mayores. Lanzaron gases lacrimógenos, apalearon con sus porras de metal recubierto, retorcieron brazos con brutalidad, dieron patadas y dispararon sus asquerosas pelotas de goma, que podrían haber dejado tuerto a alguien o matado a uno de esos niños.

La versión oficial asegura que todo empezó porque alguien lanzó objetos a los agentes. Pero los portavoces oficiales no tienen, desde luego, la más mínima autoridad moral para que creamos su versión. Si el Gobierno miente por sistema. Si el Ministerio del Interior miente por sistema. Si han mentido sobre los muertos de Melilla ante todos los medios de comunicación, ante los observadores internacionales y en el mismísimo Congreso de los Diputados, ¿cómo pretenden que creamos que la agresividad de los antidisturbios no fue una provocación preparada con antelación?

No nos creemos la versión oficial porque el hecho de haber dispuesto 1.700 efectivos de la Unidad de Intervención Policial ya era una declaración de intenciones: sabíamos que semejante e innecesario despliegue significaba que iban a cargar. ¿Por qué, si no, tantos antidisturbios para una convocatoria que, según Telemadrid (la misma fuente oficial, a fin de cuentas), solo congregó a 4.000 personas? ¿Por qué se produjeron los enfrentamientos justo a tiempo de enviar imágenes violentas a los telediarios de la noche? ¿Por qué se produjeron a una hora en la que la Marcha no había terminado pero al Ministerio del Interior le daba tiempo de preparar un enlace con fotos y enviarlo a la prensa para su publicación?

No nos creemos la versión oficial porque ya hemos visto otras veces a sus esbirros infiltrados entre los manifestantes para provocar unos enfrentamientos que interesan al Gobierno. El sábado les interesaban especialmente, pues el Gobierno necesitaba desvirtuar con violencia el éxito de la Marcha por la Dignidad, que fue multitudinaria, unida en la diversidad y pacífica. Tenían una poderosa razón para llevar a cabo esas bestiales cargas: si no la lían ellos mismos, las fotos que habrían quedado serían solo las de esa imponente masa de indignados. Ahora tenemos las de los destrozos y las de unos encapuchados que parecen manifestantes violentos pero ayudan a los antidisturbios a esposar a uno en el suelo (mientras, por cierto, le aplastan la cabeza con un escudo policial).

No nos creemos la versión oficial porque, dos días antes, el presidente de la Comunidad de Madrid, ese Ignacio González puesto a dedo a pesar de estar relacionado con diversos delitos y de dedicarse a perseguir periodistas, había comparado el contenido del manifiesto de la Marcha por la Dignidad con el ideario político de los neonazis griegos de Amanecer Dorado y había deseado que el sábado no se produjeran lesiones “para nadie” ni contra “el patrimonio de todos”. Ante tal don visionario y ante un análisis político de tal calado (que ayudó a enriquecer el portavoz de su Gobierno, Salvador Victoria, catalogando las mareas como “izquierda extrema” y diciendo que los sindicalistas andaluces “van a Venezuela en business”), no nos sorprende que los suyos tuvieran previsto reventar, sin más, la fuerza movilizadora de trabajadores, parados, desahuciados y otros cientos de miles de ciudadanos indignados.

No nos creemos la versión oficial porque Cristina Cifuentes ya había advertido en Twitter: “Acampar en Madrid está prohibido fuera de las zonas habilitadas específicamente para ello, y las Fuerzas de Seguridad harán cumplir la ley”. Es decir, tenía a sus huestes aleccionadas para cargar en cuanto hubiera el más mínimo indicio de acampada, como así fue: cuando los antidisturbios arremetieron contra la multitud, se había empezado a levantar un campamento en Recoletos, previsto para permanecer allí hasta el martes, pero unos minutos antes de que empezaran las cargas, decenas de furgones policiales ya se habían acercado a la zona donde se montaban las lonas. Cabe señalar la obviedad de que una acampada, esté o no prohibida, no constituye en sí misma un acto violento. Pero Cifuentes quiere demostrar al PP que tiene la mano suficientemente dura para liderar el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid como su partido considera que hay que hacerlo: a lo tonto, como Botella; a lo mafioso, como González; o a lo bestia, como ella.

No nos creemos la versión oficial porque, aún en el caso de que fueran alborotadores quienes comenzaron los enfrentamientos, los agentes antidisturbios están ahí (les pagamos por ello) precisamente para proteger el curso pacífico de la marcha y la seguridad de los manifestantes, y no, al contrario, para poner en grave peligro su integridad física y su vida. ¿Cómo pretenden que los creamos después de enterarnos de que el hijo del golpista Tejero dirigía una unidad de antidisturbios de la Guardia Civil hasta ser destituido por celebrar en el cuartel el aniversario del 23F? Teniendo en cuenta que esa es la clase de jefes que tienen los distintos grupos de “control de masas”, encaja a la perfección el comportamiento violento de la policía antidisturbios, a quienes el sábado en Colón uno de sus mandos jaleó al tejeril grito de “vamos a por ellos, coño”.

No nos creemos la versión oficial porque es el ministro Fernández Díaz, ese ministro, el de la “ley mordaza”, el de las vallas de Melilla, el de las mentiras sobre los inmigrantes ahogados mientras recibían disparos de pelotas de goma, ese ministro, el que defiende la actuación de los antidisturbios en Madrid y acusa a los manifestantes de atacarlos. ¿Es que piensa que le resta un mínimo de credibilidad?

Lo que pasó el sábado en Madrid es un gravísimo punto de inflexión en la ya intolerable represión del derecho a la protesta y a la manifestación. Es el peligroso estiramiento de la tensión entre una ciudadanía pacífica y un Gobierno de creciente sesgo dictatorial, tensión que no se ha vuelto definitivamente insostenible gracias al aguante, a la resistencia, a la templanza y a la responsabilidad de esta ciudadanía. Pero disparar pelotas de goma en una plaza con miles de personas, muchas de las cuales son ancianos y niños, se parece demasiado a una declaración de guerra. Viene a decir: “Podéis ser más de un millón y ser pacíficos. Nosotros diremos que sois violentos y que no pasáis de 4.000. Pero eso no es todo: vamos a disparar y podemos dar en la cara a vuestros hijos. Así que os lo pensáis antes de volver a la calle. Porque vamos a por vosotros, coño”.

La izquierda, los inmigrantes y los derechos de los españoles

24/3/2014

Santiago Alba Rico *

He contado otras veces el mito senegalés del descubrimiento de las Islas Canarias. Había una vez un campesino de Casamance llamado Mamadou que vivía mal que bien del trabajo en el campo hasta que, en los años 90, los acuerdos del gobierno de Senegal con la UE, que subvencionaban los productos importados, le obligaron a dejar la tierra y desplazarse hasta la costa, donde se hizo pescador artesanal. Allí vivió mal que bien hasta que los acuerdos pesqueros con la UE atrajeron a los grandes barcos industriales de Pescanova y Mamadou se vio obligado a salir cada vez más lejos con su frágil patera para encontrar un poco de pescado con el que alimentar a su familia. Un día se alejó tanto de Senegal buscando una sardina que descubrió Las Palmas. Allí los indígenas le pegaron una paliza, lo metieron en prisión y lo devolvieron a Casamance esposado y magullado.

Este es el mito inmigrante, que se parece bastante a la historia de verdad. Luego están los mitos de la izquierda, siempre bienintencionados pero a veces un poco patéticos, que pretenden que todos los inmigrantes son buenos, todos los negros valientes y todos los extranjeros pobres víctimas de explotación y racismo. Este mito es mitad carne y mitad pescado, pues al vincular datos objetivos a datos subjetivos ignora el derecho de las víctimas a ser astutas, violentas o incluso de derechas. De hecho, la explotación y el racismo no suelen ayudar mucho a perfeccionar la condición moral de quienes los sufren. Frente a los mitos inmigrantes y los mitos de la izquierda, está luego el realismo de las derechas metropolitanas: los inmigrantes degradan “nuestra” sanidad, “nuestra” educación y “nuestra” seguridad. Es un hecho, ¿no? Es una evidencia, desde luego, de lo que yo llamaría -con el mayor respeto hacia el gremio- “empirismo del taxista madrileño”: de la experiencia vivida -un negro que le robó la caja del día, un moro que intentó venderle droga, un ecuatoriano borracho que pegó a su mujer en el asiento trasero- extrae las naturales conclusiones que luego partidos, gobiernos y policías convierten en discursos políticos y prácticas represivas. La experiencia es la experiencia y las consecuencias son las consecuencias; y la consecuencia del “empirismo del taxista madrileño” es la criminalización de Mamadou, convertido en “enemigo interno”, y apaleado, encerrado y devuelto a Casamance con esposas y magulladuras.

900 millones de personas se mueven por el mundo todos los años. No son emigrantes. Son turistas que viajan libremente a Senegal, a Túnez, a Tailandia, a Egipto por poco dinero y sin ningún peligro. Gastan poco, destruyen los recursos locales y generan dependencias neocoloniales que convierten a los nativos en inmigrantes en sus propios países, donde son perseguidos y reprimidos como si estuvieran en París o Madrid. Esto también es un hecho. Y sin embargo a nadie se le pasa por la cabeza prohibir el turismo, no obstante la destrucción ecológica y social que genera. Aún más: todo el mundo consideraría una medida totalitaria la de un país del Tercer Mundo que, para proteger a sus conciudadanos de los efectos comprobadamente perniciosos del turismo, impidiese la entrada a los extranjeros que quieren ver las Pirámides o persiguiese y deportase a los clandestinos que sorprendiese fotografiando el Tah Mahal. Pues bien, entre esos 900 millones de turistas que viajan todos los años (cifra 100 veces inferior a la de los emigrantes desplazados) muchos pertenecen a las clases trabajadoras europeas. Cuando hablamos de limitar o combatir la inmigración en nuestros países y de hacerlo en nombre de esa clase trabajadora, estamos legitimando -y movilizando y explotando- el voto insolidario de españoles -o italianos o franceses- que reclaman su derecho a viajar a Senegal y, al mismo tiempo, su derecho a impedir que los senegaleses viajen a España. Es decir, estamos aceptando como natural un doble rasero de consecuencias materiales éticamente más que dudosas: nosotros tenemos derecho a viajar a Senegal, los senegaleses no tienen derecho a viajar a España. Más aún: nosotros tenemos el derecho “universal” de viajar a Túnez y tenemos además el derecho “español” de impedir a los tunecinos viajar a España. El ministro inglés Benjamin Disraeli, muerto en 1881, gran escritor e intelectual, hombre muy inteligente, enorme orador y también impulsor de la política imperialista más agresiva de la historia de Inglaterra (guerras coloniales de Afganistán y Sudáfrica, anexión de las Islas Fidji, propietario del Canal de Suez, promotor de la coronación de la reina Victoria como emperatriz de la India) lo decía de un modo muy claro, con mucha valentía, sin ningún complejo: los derechos de los ingleses están por encima de los derechos humanos.

Es un hecho que los inmigrantes “molestan” a la clase trabajadora española. Molestan mucho menos a los ricos porque los ricos no viven ni en España ni en ninguna parte, aunque luego hagan discursos nacionalistas encendidos que les permiten seguir en ninguna parte, con piscina y seguridad privadas. Pero sí, es un hecho: los inmigrantes “molestan” a los trabajadores españoles. No nos preguntemos por qué; no escuchemos el mito de Mamadou; no contemos historias. Vale. Pero sepamos al menos lo que significa guiar nuestras políticas por la evidencia de esa “molestia”. Porque es un hecho también que los inmigrantes van a seguir llegando. Nos guste o no, van a seguir llegando; no somos ya una nación “deseable”, como en los años 90, y el discurso anti-inmigración (mientras nuestros jóvenes emigran a su vez) sirve de propaganda también de la “marca España”, pero van a seguir llegando. Es un hecho. Vienen huyendo de dictaduras que los tratan como inmigrantes en sus propios países o del hambre o para mejorar su situación personal y las de sus familias o sencillamente para correr una aventura juvenil. Están reivindicando su derecho “universal” al movimiento, como el tornero o el carnicero de Móstoles que van a Dakar. No nos hagamos preguntas, no nos contemos historias. Pero sepamos que van a seguir llegando y que para impedirles entrar tendremos que reivindicar nuestro derecho “español” a movernos (nosotros) e inmovilizar (a los otros) y eso implica -sepámoslo, sí- pactar con dictaduras siniestras para que los encierren en campos de concentración o los hagan desaparecer en el desierto, ponerlos en manos de traficantes de carne humana para que perezcan en el mar (20.000 personas en los últimos veinticinco años, sin contar las desaparecidas), instalar cuchillas en vallas de seis metros para que se claven en ellas como aceitunas, encerrarlos en CIEs peores que las cárceles, perseguirlos como a judíos por las calles del mundo, por su color o su aspecto, y deportarlos esposados y drogados de vuelta a sus lugares de origen. La izquierda es a veces aficionada a la demagogia, pero las cifras dan cierta verosimilitud a la descripción del teólogo Hinkkelammert, quien habla de un “genocidio estructural” en las fronteras. Sepámoslo: eso es el derecho “español”, el derecho de los “trabajadores españoles”: la complicidad en un “genocidio estructural”. ¿Alguien se atreverá a defender ese derecho “español”, con valentía y sin complejos, desde la izquierda? No lo creo. Si alguien pretendiera ganar votos defendiendo los “derechos españoles” de la clase trabajadora por encima de los Derechos Humanos, estaría pretendiendo ganar votos con la muerte, la tortura y la exclusión. No lo llamemos “racismo”: no es por el color de su piel, es que nos molestan, nos empobrecen, degradan “nuestra” sanidad y “nuestra” educación y “nuestra” seguridad. ¿Cómo lo llamamos? Elijamos libremente el nombre. Durante una conferencia sobre refugiados en 1938, el delegado suizo justificó la negativa de su gobierno a aceptar fugitivos judíos procedentes de Europa: “los suizos no somos racistas y no queremos empezar a serlo”. No eran racistas: arrojaban los judíos a las garras de los nazis.

¿Abrir las fronteras? Por supuesto. Ese es el programa mínimo de cualquier izquierda que crea en la declaración de los derechos humanos, un programa inseparable, sin duda, de la transformación de las condiciones económicas y culturales de nuestros país y del mundo, lo que implica trabajar con las clases trabajadoras, no copiar mecánicamente -como hacen las ultraderechas europeas- el programa mental del empirismo del taxista madrileño. Como bien explica Eduardo Romero [1], el capitalismo es al mismo tiempo movilizador e inmovilizador; obliga a huir, a reciclarse, a trasladarse y, al mismo tiempo, refuerza las fronteras. Es decir, selecciona “mano de obra dócil y barata”. Pero mientras no se cambien las relaciones económicas dentro de los países y entre los países y se garantice el derecho a la libre inmovilidad, fuente primera del derecho a la movilidad, debemos defender, como lleva años explicando el periodista italiano Gabriele del Grande, el derecho universal al libre movimiento. ¿Por qué? Porque si hacemos una excepción con el derecho al libre movimiento, ¿por qué no hacerlo con la vivienda, la educación, la salud, el habeas corpus, el voto, etc?. No olvidemos que también es un hecho, empíricamente demostrable, que no se puede pagar a los bancos y además la sanidad, la deuda y además la educación, la corrupción de empresarios y políticos y además una policía democrática.

¿Que abrir las fronteras puede ser el caos, que nuestras clases trabajadoras nativas pueden tener que pasarlo mal? No tan mal, según los datos: la mayor parte de la emigración subsahariana es intra-africana, la mayoría de los inmigrantes son “temporeros” que quieren volver a sus países de origen y España tiene una población escasa y vieja y mucho espacio. Pero incluso si fuera así, si el resultado fuera el caos, habrá que reprochárselo a nuestros gobiernos; que se lo hubieran pensado antes de robarle su pescado y sus tierras a Mamadou en nombre de la democracia y los derechos humanos. En esta cuestión no hay matices; no se puede ser de “centro”. Todo el que se apoye en el empirismo del taxista madrileño, en lugar de transformarlo, está haciendo lo mismo que el Frente Nacional en Francia: está aceptando que los derechos de los españoles están por encima de los derechos humanos y que hay que defenderlos por cualquier medio. Esa es la lógica compartida por todos los partidos del arco político europeo, con excepción -o así debería ser- de la izquierda.

Y ahora, por cierto, que los españoles vuelven a emigrar, ¿qué haremos para defender sus derechos “españoles”? ¿Cuáles son los derechos “españoles” en el extranjero? O son los derechos “universales” o mucho me temo que, a poco que España caiga a la tercera división de la soberanía capitalista, nos devolverán a nuestros hijos esposados y magullados, como le ocurrió a Mamadou, que creía estar descubriendo un continente y descubrió el fascismo.

[Dedico este artículo a mis queridos amigos Adama y Favour y a los escritores Eduardo Romero y Gabriele del Grande, que llevan años combatiendo, en la práctica y en el discurso, el “empirismo del taxista madrileño” y las criminales políticas que ocasiona].

[1] Si vis pacem. Repensar el militarismo en la época de la guerra permanente. Textos de las jornadas Antimilitaristas de Barcelona, sept. de 2010. VV.AA. (Bardo Ediciones).

(*) Santiago Alba Rico. Filósofo y columnista. Su último libro publicado es ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? (Panfleto en sí menor) (Pol-len Edicions, Barcelona, 2014).

POLILUXMARX

un interesante manual pedagógico para la enseñanza de “El capital de Marx”:

Recientemente la Fundación alemana Rosa Luxemburgo Stiftung dio a conocer un material educativo para la lectura y comprensión del Primer Volumen de El capital de Marx llamado PolyluxMarx. La presentación tuvo lugar en el Auditorio Lucio Mendieta y Nuñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el 12 de marzo de 2014, a cargo de Antonella Muzzupappa (una de las autoras), Stefan Glander (que no asistió pero envío un material al que se le dio lectura), Torge Löding, director de la Oficina Regional en México de la Fundación Rosa Luxemburgo y como comentaristas   Francisco Cerezo y   Adrián Sotelo, todos moderados por David Estraulino.

Como se expone en el Prefacio a la edición en español, “PolyluxMarx es una base de trabajo única, dado que expone la estructura argumentativa de El Capital (primer tomo) en forma de diapositivas y gráficas animadas” y más adelante agrega: “PolyluxMarx se dirige sobre todo a los facilitadores y facilitadoras; pero también a las y los estudiantes, trabajadores, activistas políticos y personas –jóvenes o adultos– con formación académica o sin ella, lo mismo que con conocimientos previos teóricos o sin ellos”.

Además de estos objetivos el Manual advierte que “…las posibilidades, los lugares y las condiciones para llevar a cabo la formación política varían de país en país, al igual que las interpretaciones en torno a El Capital de Marx. Todo ello obviamente repercute en PolyluxMarx. Sin embargo, no queremos limitarnos a presentar únicamente un material educativo probado en la práctica: también queremos contribuir al debate internacional en torno a Marx. Ésta es la razón por la que preferimos emplear métodos particulares, por lo que confiamos puedan discutir y usar este material en sus propios contextos conforme a sus necesidades”. Esta es una magnífica oportunidad para adaptar la lectura y comprensión de El   capital   a las condiciones particulares en que se desarrolle y a las necesidades de comprensión de la realidad.  

Además, ello permite al interesado aprehender el capital y constar que ¡El capital se lee de nuevo! ¿Por qué y para qué? Esta es la pregunta interesante y trascendentEs sabido que durante la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, en un contexto histórico de sucesión de una serie de acontecimientos, tales como la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y del bloque socialista, así como de la irrupción del llamado Consenso de Washington y de consolidación del neoliberalismo en el mundo, el pensamiento marxista y otras corrientes críticas dentro de las ciencias sociales se ensombrecieron frente al arribo y consolidación del pensamiento único, es decir, de un conjunto de hipótesis, teorías, métodos, principios y valores sustentados en el predominio del mercado, del individualismo y la competencia intercapitalista que, entre otros dogmas, proclamaron y celebraron el triunfo del capitalismo, el “fin de la historia” y la imposibilidad de la transición al socialismo.
No faltaron las teorías del fin del trabajo y del advenimiento de la posmodernidad que supuestamente invalidaban a la teoría marxista de la crítica de la economía política sustentada en la teoría del valor-trabajo y su expresión en la ley del valor, construida y formulada por Marx en las dos primeras secciones del primer volumen de El capital. Una vez expuesta la ley del valor entendida como la determinación del valor de las mercancías, incluyendo a la mercancía fuerza de trabajo, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, es que Marx en el capítulo 5 correspondiente a la tercera sección, se ocupa del proceso de trabajo y del de valorización del capital, mediados por la explotación del trabajo para la producción de plusvalía. En este nivel de la exposición, Marx comprueba que, en el proceso de trabajo, el obrero —con ayuda de las herramientas y dentro de la jornada laboral— despliega simultáneamente tres movimientos dialécticamente interrelacionados:
a) en primer lugar, transfiere al producto final partes alícuotas del valor del capital constante (máquinas, herramientas, edificios, materias primas);
b) en segundo lugar, crea un equivalente al valor de su salario o capital variable invertido en fuerza de trabajo y, por último,
c) en tercer lugar, crea una plusvalía que directamente se apropia el capitalista.
Esta es la esencia del planteamiento del primer volumen de El capital que explica esencialmente el proceso de acumulación capitalista y la producción de ganancias.
El segundo volumen se encargará del estudio y análisis de los problemas de circulación del capital (esquemas de reproducción) para, en el tercer volumen, abordar el proceso de producción y reproducción en su conjunto destacando la ley fundamental descubierta por Marx relativa a la tendencia a la caída de la tasa de ganancia producto de un constante incremento de la composición orgánica del capital concomitante a la disminución de la participación de la fuerza de trabajo y, por ende, de la masa de plusvalía en el proceso productivo.
La teoría del valor trabajo y del cambio social revolucionario concebida por la crítica de la economía política, y sustentada en El capital, fue ensombrecida, por lo menos hasta finales de la década de los noventa del siglo pasado, por presuntas nuevas teorías que resucitaron viejos paradigmas y dogmas ideológicos derivados de las corrientes evolucionistas y funcionalistas del pensamiento social, tales como el estructuralismo, las teorías de la evolución y las corrientes neoclásicas dentro de la economía burguesa y conservadora que comenzaron a replantear sus principales postulados para oponerlos sistemáticamente — y confrontarlos— con la teoría marxista en general y, en particular, con la teoría del valor trabajo de la economía política.
Otro ángulo de esta reacción antimarxista y antiteoría del valor trabajo se dio por el lado de las corrientes del fin del trabajo derivadas del trabajo de André Gorz intitulado: Adiós al proletariado, más allá del socialismo publicado en 1980 y seguido de una serie de libros y autores que siguieron la huella del general intellect planteado por Marx en los Grundrisse y que culminará en los planteamientos recientes de Antonio Negri en sus libros Imperio (2000) y Multitud (2004) y de Lazzarato sobre el trabajo inmaterial (2007) que, en rigor, desechan la teoría del valor y proclaman la necesidad de la creación de nuevas teorías que den cuenta supuestamente de los fenómenos contemporáneos.
En contraposición a ambas vertientes Daniel Bensaid, por ejemplo, en su Marx intempestivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica publicado originalmente en Francia en 1995, pone énfasis en el hecho de que a partir de mediados de la década de los noventa del siglo pasado, luego de la crisis de la década anterior, se operó un cambio monumental expresado en un resurgimiento de “los marxismo: “sobre los escombros del siglo XX han vuelto a reflorecer ‘mil marxismos”. Sin tornarse escarlata, el aire recobra los colores. En 1993 se publican Los espectros de Marx de Jacques Derrida y La miseria del mundo bajo la dirección de Pierre Bourdieu. En el otoño de 1995, justo cuando comenzaba el movimiento huelguístico, por iniciativa de la revista Actuel Marx se realizó el primer Congreso Marx internacional. Marx l’intempestif apareció en noviembre. La prensa se asombró ante esta resurrección intelectual paralela al ‘regreso de la cuestión social” (p. 13). Sin embargo, el autor admite la posibilidad de que esos “mil marxismos” se conviertan en un solo marxismo una vez superada la etapa dogmática del marxismo estalinista que fue impuesto en el mundo por la burocracia soviética en concordancia con la profundización de la crisis del capitalismo.
Como quiera que sea lo cierto es que independientemente de las distintas vertientes que se puedan presentar al interior de la teoría marxista y de la crítica de la economía política, pensamos que su ingrediente común, necesariamente parte, y tiene que partir, de la teoría del valor trabajo elaborada por Marx en El capital, así como en trabajos anteriores como la Miseria de la filosofía y los Grundrisse, para mencionar dos obras esenciales.
PolyLuxMarx está consciente de lo anterior y tan es así que en la introducción al uso de este manual advierte que “El material educativo de PolyluxMarx no es un traslado 1:1 de El capital; tampoco ilustra cada uno de los conceptos y categorías de Marx: únicamente los primeros cuatro capítulos se presentan de manera muy detallada, debido a que esos temas en particular tienen un alto grado de complejidad y dificultad. En el caso de los demás capítulos se visualizan determinadas categorías en diapositivas individuales o en juegos de diapositivas”. Evidentemente que se muestra el punto de partida de El capital de Marx que es justamente el que posee el mayor nivel de abstracción en relación con las demás secciones y capítulos contenidos en este volumen y en los dos siguientes que abordan cuestiones y problemas cada vez más concretos como los relativos a los precios de producción, la renta de la tierra, el interés, el comercio internacional y los problemas de la tasa de ganancia.
Los autores de este valioso manual aclaran que el mismo no sustituye la lectura de los tres libros que conforman El capital; sólo ayuda, didácticamente, a entender algunos conceptos y categorías con la intervención de lo que los autores denominan “facilitadores” y “facilitadoras” y que nosotros preferimos denominar orientadores de los grupos de trabajo estudiosos de El capital de Marx, y cuya misión es justamente coadyuvar a su comprensión a través de procedimientos pedagógicos y didácticos.
Estos orientadores proponen el material, sugieren temas y preguntas, orientan la lectura, formulan preguntas y pueden coordinar la discusión grupal para, de ser posible, llegar a conclusiones. Lo esencial es que se avance en la comprensión sistémica, metodológica y analítica de cada uno de los conceptos y categorías que constituyen la teoría del valor-trabajo que es parte esencial del conjunto de la crítica de la economía política, y sin la cual el marxismo de Marx no sería tal.
Es importante señalar, contrariamente a la manera como se acostumbra en la academia, que las diversas interpretaciones del marxismo y, en particular, del primer volumen del capital de Marx, se vean con posteridad al estudio del capital y de este manual, y no como punto de partida como es el caso generalmente en las escuelas donde todavía se ven algunos aspectos o temas del marxismo. En efecto, cuando se aborda alguna lectura de Marx quien la realiza generalmente no posee una visión completa de su pensamiento o bien, lo que resulta peor, desconoce su obra y sólo está relacionado con ella a través de terceros autores bajo su peculiar interpretación. Es por ello que PolyluxMarx recomienda fehacientemente a los individuos, orientadores y grupos de trabajo que se esmeren en abordar este manual de manera paralela con la lectura integral del volumen primero del capital, con el objeto de evitar interpretaciones, globales o parciales, que empañen el conocimiento esencial de categorías y conceptos. En una segunda etapa, una vez obtenidos elementos teóricos y metodológicos derivados del estudio, intercambio y debate de los temas puestos en la mesa, es posible entonces abordar otras interpretaciones de autores y corrientes en relación con los problemas, categorías y conceptos esenciales que impregnan el capital en sus múltiples dimensiones. De esta forma, “Pensamos que abordar a Marx en un ambiente estimulante es una tarea que consiste sobre todo en proporcionar el más amplio acceso posible a la obra misma. Conocer a partir de ahí los matices de las diversas interpretaciones y discutirlas contraponiendo unas a las otras puede ser útil para el proceso cognitivo a lo largo de la lectura… pero eso ya sería otro paso que podría tratarse en otro curso sobre El capital“.
Los autores del manual también advierten de los problemas derivados de las diversas traducciones de El capital. Sin embargo, constituyendo a veces en verdad un problema, este se puede solventar y resolver mediante la discusión, la confrontación y la investigación puntual de un concepto o de una categoría en distintos idiomas, particularmente el castellano, el alemán, el inglés y el francés para dar con su significado esencial en el contexto de la obra. Pero esto es más una tarea práctica que un objetivo delimitado.
Por último, es menester enfatizar que tanto la fundación Rosa Luxemburgo como los autores y autoras de este manual reflejan un optimismo compartido respecto al resurgimiento del marxismo y de El capital a partir del año 2000, pero, de manera particular, luego de la crisis estructural y financiera del capitalismo en 2008-2009, cuando se ponen en jaque los principales dogmas del pensamiento neoliberal sustentado en la falsa teoría del mercado, del individuo y de la competencia encarnizada entre los grandes monopolios y capitales bajo la coadyuvancia del Estado capitalista y de su burocracia política.
Afortunadamente en los últimos años ha despertado el interés por leer el capital a la luz de la profunda crisis estructural y sistémica del modo de producción capitalista global, lo que hace que mucha gente al no encontrar en los medios de comunicación privados y en los libros y manuales neoclásicos una explicación consecuente y lógica de la crisis recurran a las obras marxistas para obtener elementos de comprensión. Es por todo esto que “En la revista cultural en línea: http://www.perlentaucher.de/, la introducción de David Harvey a El capital es de los libros más buscados (según datos del otoño de 2011). En muchas librerías los estantes correspondientes al tema ‘Economía y política’ están repletos de novedades en torno al tema Marx. Y la demanda por El capital tampoco ha bajado; es más, el interés por este clásico no ha cesado, y eso desde hace mucho tiempo antes de que surgiera la crisis inmobiliaria y financiera de 2008. Fue poco después de que comenzara el nuevo milenio cuando paulatinamente empezó a resurgir el interés por acercarse de nuevo a Marx. Así surgieron círculos de lectura organizados por los interesados e interesadas, lo mismo que seminarios de estudiantes en universidades y otros centros educativos con una cada vez mayor asistencia. Las causas son todas de muy diferente índole”. En efecto, esto lo podemos constatar personalmente en nuestras actividades académicas y profesionales que desempeñamos en México, pero también en otros países tan diversos como Brasil, Panamá, Argentina o en Galicia en el Estado español donde el interés por Marx y por otros autores marxistas se ha acentuado en los últimos años.
En esto radica justamente la importancia del presente manual de lectura del primer tomo de El capital de Marx: coadyuvar a su comprensión y dotar a individuos, grupos, organizaciones políticas y sociales y a la militancia de la izquierda internacional con los elementos teórico-metodológicos de comprensión del mundo en que vivimos…para la acción y la transformación.
El Manual se puede adquirir gratuitamente en la siguiente dirección electrónica: http://www.polyluxmarx.de/es/inicio.html.
Descargar el libro completo
Además de las diapositivas en PowerPoint, el libro contiene textos explicativos, instrucciones de uso detalladas y consejos didácticos para facilitar el trabajo con el material educativo.
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